Un auto de la Audiencia Nacional detalla que una presunta trama vinculada al PSOE habría intentado sobornar al fiscal anticorrupción José Grinda con 300.000 euros. Según el juez Santiago Pedraz, este ofrecimiento buscaba obtener información que perjudicara al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, y archivar procesos judiciales relevantes.
El documento judicial también expone que el plan estuvo encabezado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, quien supuestamente coordinó una red destinada a interferir en procesos judiciales desfavorables para el partido y el Gobierno. En el desarrollo de la trama, se afirma que Leire Díez, apodada «la fontanera» del PSOE, habría desempeñado un rol fundamental en estas actuaciones ilícitas.
El soborno al fiscal Grinda habría sido gestionado a través de un empresario y persona externa al PSOE, Pere Rusiñol, quien se reunió con el fiscal en febrero de 2025 para transmitirle la oferta. A cambio del dinero, también se le prometió un puesto de trabajo en el extranjero.
Revelaciones recientes: esfuerzos de compra y de manipulación de testigos
La información también señala que la empresaria Carmen Pano habría recibido una propuesta de 50.000 euros para modificar su declaración judicial. Pano afirmó que, por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, entregó 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz en octubre de 2020. Aunque se buscó influir en su testimonio antes de una nueva comparecencia, Pano sostuvo nuevamente su relato ante el tribunal.
El abogado Ismael Oliver, también investigado en la trama, habría sido el encargado de negociar esta compra con la autorización de Leire Díez. «Debemos saber comprar», habría indicado Díez en una conversación recogida en la investigación del juez.
Ofrecimientos a funcionarios y guardias civiles
El juez también señala que se habrían ofrecido favores y beneficios económicos a funcionarios y agentes de la Guardia Civil con el propósito de obtener información que entorpeciera las investigaciones relacionadas con casos de corrupción, incluyendo entre estas promesas el pago de servicios jurídicos y posibles mejoras profesionales.
El registro de la sede socialista en Ferraz, ordenado por Pedraz, junto con otras acciones judiciales, refuerzan los indicios de que esta trama buscaba proteger los intereses políticos del PSOE y del Gobierno mediante actuaciones ilegales contra fiscales, jueces y fuerzas de seguridad del Estado.
Fuente: Procedente de El Economista – https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13941030/05/26/el-juez-sospecha-que-la-trama-ofrecio-300000-euros-al-fiscal-grinda-para-obtener-informacion-que-afectara-a-luzon.html