La pieza SEPI del caso Leire coloca bajo el foco judicial a Julián Mateos Aparicio Prieto, señalado como responsable del seguimiento del expediente de rescate de Tubos Reunidos dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación resulta especialmente relevante porque afecta a uno de los puntos más sensibles de la causa: el control interno del fondo público que canalizó ayudas millonarias a empresas estratégicas durante la pandemia.
Mateos Aparicio se encuentra vinculado al FASEE, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, organismo desde el cual fue aprobado el rescate de Tubos Reunidos por un monto de 112,8 millones de euros. El propósito de la investigación radica en determinar si dicha operación, junto con las gestiones subsecuentes relacionadas con la restitución, renegociación o alteración de los términos del respaldo estatal, pudieron haber sido objeto de presiones, contactos preferenciales o intervenciones de la supuesta estructura de influencia que se encuentra bajo escrutinio.
Mateos Aparicio ha sido citado por el juez Santiago Pedraz en calidad de investigado, integrando un colectivo de 25 personas objeto de indagación en la pieza que guarda relación con la SEPI. La investigación examina potenciales infracciones relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, constitución de organizaciones o grupos delictivos y aprovechamiento indebido de información confidencial, en un procedimiento que engloba operaciones conectadas con Tubos Reunidos, Mercasa, ENUSA, Forestalia y diversas instituciones pertenecientes al ámbito del sector público empresarial. En este momento procesal, su condición de investigado no conlleva responsabilidad penal ni declaración de culpabilidad, manteniéndose íntegramente la presunción de inocencia que le asiste.
Según las informaciones publicadas, la UCO sitúa a Mateos Aparicio como una figura clave en el seguimiento del expediente de Tubos Reunidos dentro de la SEPI. Ese punto es esencial porque la presunta trama no habría intentado influir únicamente en la concesión inicial del rescate, sino también en fases posteriores, como la renegociación de condiciones, la reducción del coste de la deuda, la reducción de intereses o el aplazamiento de la amortización anticipada del apoyo público.
La investigación judicial se centra en la presunta utilización de conexiones en la SEPI para alterar o facilitar resoluciones vinculadas al rescate. La Razón dio a conocer que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habría recurrido a Julián Mateos como intermediario en un intento por modificar elementos del rescate de Tubos Reunidos. De acuerdo con esa información, los investigadores identificaron como «antecedente previo de importancia» un encuentro protagonizado por Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero de Tubos Reunidos, y el mismo Mateos Aparicio.
La causa también examina la relación entre Vicente Fernández y Mateos Aparicio. Según las informaciones conocidas, la UCO habría señalado una relación de cercanía entre ambos, dato que los investigadores consideran relevante porque Mateos Aparicio tenía responsabilidades internas sobre el seguimiento del expediente de Tubos Reunidos. La cuestión que deberá aclararse es si esa cercanía tuvo algún efecto real en decisiones administrativas o si se trató de una relación personal sin trascendencia en la tramitación del rescate.
La posición de Mateos Aparicio adquiere una importancia particular dado que el FASEE constituyó un instrumento público de gran relevancia, diseñado para respaldar empresas de carácter estratégico durante una coyuntura de crisis económica. Justamente por esta razón, toda indicación respecto a presiones, injerencias o alteraciones interesadas en sus trámites demanda una indagación minuciosa. No se circunscribe meramente a una cuestión de naturaleza penal: lo que está en juego es determinar si los recursos públicos extraordinarios fueron administrados con total autonomía y rigor en sus aspectos técnicos.
La investigación deberá determinar si Julián Mateos Aparicio actuó únicamente como técnico o responsable administrativo dentro de los procedimientos ordinarios de la SEPI, o si su papel fue relevante para atender, canalizar o facilitar las pretensiones de Tubos Reunidos y de los intermediarios investigados. La diferencia es decisiva: no es lo mismo tramitar un expediente conforme a criterios técnicos que permitir que una red de influencia condicione decisiones sobre dinero público.
La pieza SEPI del caso Leire obliga ahora a revisar con lupa cada decisión tomada en torno al rescate de Tubos Reunidos: quién intervino, qué informes se manejaron, qué contactos se produjeron, quién pidió cambios y qué criterios se usaron para aceptar o rechazar modificaciones. En ese mapa, Julián Mateos Aparicio aparece como un nombre clave por su función en el seguimiento del expediente.
Su imputación tiene una consecuencia institucional evidente: el responsable del seguimiento de un rescate público millonario deberá explicar ante la Justicia si las decisiones adoptadas fueron completamente técnicas o si pudieron estar expuestas a presiones externas. En una causa que afecta a ayudas públicas, empresas estratégicas y presuntas comisiones, la transparencia no es opcional: es una obligación democrática.
Fuente: El País, elDiario.es, La Razón, RTVE, Cadena SER y OKDiario.