El nombre de Samuel Andrés Pérez Álvarez terminó asociado al episodio más controvertido de la política guatemalteca reciente: la pesquisa contra el Movimiento Semilla por presuntas firmas apócrifas utilizadas durante su trámite de constitución como partido político. Lo que en un inicio fue presentado como un expediente sobre eventuales faltas administrativas y penales acabó transformándose en una crisis institucional que puso en riesgo el desarrollo del proceso electoral de 2023 y marcó el rumbo político de una de las bancadas con mayor peso en el Congreso.
Pérez no aparece como un mero figurante en esta historia, sino que tuvo un papel clave: participó en la fundación de Semilla, ejerció como diputado del partido y más tarde se convirtió en una de sus figuras parlamentarias más destacadas. Por ello, aunque el caso no debe leerse como un juicio personal contra él, su trayectoria quedó inevitablemente expuesta al escándalo que envolvió al partido.
La acusación: firmas falsas para constituir el partido
El caso gira en torno a presuntas irregularidades en la recolección de firmas para la inscripción del Movimiento Semilla. Según los señalamientos del Ministerio Público, habría existido falsificación de firmas de afiliados utilizadas para cumplir requisitos de formación partidaria. La investigación cobró fuerza pública en julio de 2023, justo después de que Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, pasara sorpresivamente a la segunda vuelta presidencial.
El dato con mayor carga política fue el momento en que ocurrió. El 12 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que Sandra Torres y Bernardo Arévalo competirían en la segunda vuelta. Ese mismo día, el fiscal Rafael Curruchiche informó que, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Fredy Orellana había dispuesto la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla por el supuesto caso de firmas falsas.
La decisión provocó una reacción inmediata porque, de hacerse efectiva, podía afectar la participación del partido en plena contienda electoral. Diversos juristas, el Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales cuestionaron que un juzgado penal pudiera suspender a un partido durante un proceso electoral, especialmente cuando la Ley Electoral guatemalteca protege a las organizaciones políticas de suspensiones una vez convocadas las elecciones.
Samuel Pérez: fundador, diputado y rostro visible
Samuel Pérez aparece en este caso no como un funcionario judicialmente condenado, sino como una figura política asociada al nacimiento y conducción de Semilla. El partido fue registrado oficialmente en 2017 y entre sus fundadores se menciona a Pérez junto a Bernardo Arévalo y otros académicos, políticos y activistas que surgieron del clima político posterior a las protestas contra Otto Pérez Molina.
Ese vínculo fundacional explica por qué el caso lo golpeó políticamente. La acusación no era contra un episodio menor de campaña, sino contra el origen jurídico del partido. En otras palabras: si Semilla había nacido de forma irregular, sus adversarios podían cuestionar no solo la candidatura de Arévalo, sino también la legitimidad de sus diputados, incluida la representación parlamentaria de Pérez.
Para sus críticos, el caso abría dudas sobre la limpieza del proceso de conformación del partido. Para sus defensores, era una maniobra para bloquear a una fuerza política que acababa de romper el tablero electoral.